Política, elecciones y persecución
Ante la presión de las Naciones Unidas para descolonizar a Puerto Rico, el Partido Popular Democrático propuso una fórmula de autogobierno limitada, pero más avanzada que la de otros territorios. Así, el 3 de julio de 1950 se aprueba la Ley 600, que permitió al pueblo puertorriqueño convocar una Asamblea Constituyente. El resultado fue la aprobación, el 25 de julio de 1952, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA).
Sin embargo, este acto tuvo sus opositores, desencadenando en una nueva época de persecución política. Entre las décadas de 1950 y 1980, junto a logros en infraestructura, salud, educación e industria, también se vivió una etapa de represión y violencia. Inicialmente se vieron afectados los miembros del Partido Nacionalista Puertorriqueño y del Partido Comunista Puertorriqueño, además de estudiantes, sindicalistas, defensores del ambiente y activistas en contra del servicio militar obligatorio. La vigilancia a disidentes se institucionalizó mediante las “Carpetas”, expedientes creados por la policía para documentar y vigilar a personas vinculadas a movimientos independentistas y cívicos. La forma más extrema de las diversas formas de persecución resultó en el asesinato de dos jóvenes independentistas el 25 de julio de 1978, en Cerro Maravilla, por miembros de la Policía de Puerto Rico.